Ya por discriminación, ya por negligencia, las poblaciones callejeras no gozan de los servicios de salud a los que por ley tenemos derecho todos los mexicanos.

El caso de Liliana es ejemplo claro: mujer callejera con uso problemático de sustancias, desempleada, y en el octavo mes de embarazo (32-34 semanas). Acudió a una clínica acompañada por educadores de El Caracol A.C. para asegurar el servicio; el trato que recibió fue negligente pues le negaron atenciones que la norma oficial establece como indispensables para asegurar su salud y la de su hijo.

A pesar de estar en las últimas semanas de embarazo, la doctora que la atendió la citó a las tres semanas a partir de la fecha de la consulta. Los servicios que le negaron fueron, entre otros, los de: determinación de biometría hemática completa, glucemia y VDRL; examen general de orina; detección del virus de la inmunodeficiencia adquirida humana VIH -pues se trata de un caso de alto riesgo-; tampoco se le prescribió medicamento alguno ni le fue notificado el diagnóstico general.

Liliana se acogió al recurso del amparo de la justicia federal: ha recibido asesoramiento jurídico y psicológico de organismos públicos y privados con el fin de asegurar su derecho a la salud y de evitar que sigan ocurriendo las prácticas negligentes y la discriminación en la prestación del servicio médico.